REFORMA DE LA LEY 30 DE 1992

REFORMA DE LA LEY 30 DE 1992.
Ya han pasado 18 años desde que se expidió esta ley, en 1992 no existía el bicentenario de la Educación Superior, el ICFES no realizaba las evaluaciones a la Educación Superior, ni las pruebas ECAES.
Esta ley cuenta con 144 artículos,  los cuales sus opositores no han leído todos sus artículos, o consideran que algunos quedan a la interpretación del gobierno y posible uso y manipulación del intérprete.
Esta reforma habla de que la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la Finalidad social del Estado, es el Estado, y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria, fomenta el acceso y la graduación de los estudiantes y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior, esta Educación  propenderá por la formación de ciudadanos conocedores y respetuosos de los derechos humanos, la paz y la democracia, receptivos al cumplimiento de los deberes correlativos a los derechos con un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.  La Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso, se fundamentará en los principios de moralidad,  ética, transparencia, eficacia y eficiencia, y promoverá la participación democrática, el control ciudadano y el desarrollo del país. La autonomía universitaria para modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Este es solo un resumen del capítulo I de esta reforma de ley, pero lo que ha causado escozor, o dificultades interpretatorias son los siguientes artículos:

 Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos.

1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas 

Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”. 

El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo. 

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice. 

Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades? 

2. Más plata para la universidad pública 

El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro. 

La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad. 

En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. 

3. Se crearán universidades con ánimo de lucro 

Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior. 

Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos. 

Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”. 

Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país”. 


4. Autonomía universitaria 

Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria. 

“Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando Isaza. 
Gran parte de estas respuestas las da el ministerio de educación en su página:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-45944.html . pero desde la comunidad académica  protestan y piden reflexión sobre los siguientes puntos:
1.      Critican que el estado ha venido desfinanciando el sector educativo, lo cual ha originado una gran crisis en la sostenibilidad de las instituciones de educación pública, lo que según los estudiantes ha llevado a debilitar los recursos físicos, humanos, tecnológicos, investigativos y ha llevado a la privatización total o parcial de algunas de estas instituciones, como por ejemplo con el alza en el costo de las matriculas, esto debido a que años anteriores al  2008 el estado financiara hasta con un 85% del costo de la matricula y hoy este financiamiento es del 35% y en algunos programas de la UTP son autofinanciadas haciendo que allí 12 programas de pregrado el costo de su matrícula hacienda hasta los 3 millones y en post grado hasta los 4 millones por semestre.
2.      Como la reforma posibilita la inversión de las entidades privadas y extranjeras, se está planteando la educación como un negocio y negándola como un derecho fundamental que debe ser garantizada por el estado.
3.      Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Pereira en el ultimo foro realizado con los líderes del paro en el pasado día del maestro sindicalizado, expresan su total desacuerdo con la reforma a la ley 30 de la educación superior, consideran que esta reforma debe surgir a través de un debate y participación de maestros, estudiantes, padres de familia y demás sectores de familia que se ven directamente afectados por estas políticas.

CONCEPTO DEL GOBIERNO:


 


CONCEPTO DE LAS UNIVERSIDADES






ESPERAMOS SUS APORTES EN LA DISCUSION DE LA LEY 30 DE 1992.

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martes, 1 de noviembre de 2011 // // 3 comentarios //